El Ministerio de Salud (Minsa) ha confirmado una cifra devastadora que evidencia la vulnerabilidad del país ante fenómenos climáticos: 41 personas han perdido la vida durante la actual temporada de lluvias, un balance que refleja no solo la severidad del fenómeno natural, sino también las deficiencias estructurales del Estado para proteger a la población más vulnerable.
Los casos más recientes y dramáticos ocurrieron en Andahuaylas, donde dos personas murieron fulminadas por rayos, incluyendo a un menor de tan solo 3 años de edad. Estos fallecimientos por descargas eléctricas se suman a una lista que crece día a día, mientras las autoridades parecen reaccionar tardíamente ante una problemática que se repite cada temporada de lluvias.
Cajamarca: más de 100 familias en situación crítica
En Cajamarca, la situación ha alcanzado niveles críticos con más de 100 familias directamente afectadas por huaicos que han arrasado con viviendas precarias y cultivos. Estas familias, muchas de ellas en situación de pobreza extrema, han perdido no solo sus hogares sino también sus medios de subsistencia, evidenciando la falta de planificación territorial y sistemas de prevención adecuados.
La recurrencia de estos desastres año tras año demuestra que no se están implementando las medidas preventivas necesarias para proteger a las poblaciones más vulnerables del país.
Los huaicos en esta región andina han dejado al descubierto la construcción informal en zonas de alto riesgo, un problema estructural que las autoridades han permitido durante décadas sin implementar planes de reubicación o reforzamiento de infraestructura básica.
Emergencias simultáneas en Piura y Arequipa
Paralelamente, las regiones de Piura y Arequipa han declarado situaciones de emergencia debido a las intensas precipitaciones que han desbordado ríos y quebradas. En Piura, históricamente afectada por fenómenos climáticos extremos, las lluvias han generado inundaciones en zonas urbanas y rurales, afectando servicios básicos como agua potable y energía eléctrica.
Arequipa, por su parte, enfrenta deslizamientos de tierra que amenazan carreteras principales y centros poblados. La falta de sistemas de drenaje adecuados y la ocupación irregular de cauces secos han agravado considerablemente los impactos de las precipitaciones.
Patrón de negligencia gubernamental
Este panorama devastador no es nuevo ni imprevisto. Cada temporada de lluvias, el país enfrenta tragedias similares que podrían ser mitigadas con inversión preventiva, planificación territorial adecuada y sistemas de alerta temprana efectivos. Sin embargo, los gobiernos de turno optan por la respuesta reactiva en lugar de la prevención.
La cifra de 41 fallecidos representa más que una estadística; son vidas que pudieron haberse salvado con políticas públicas eficientes, infraestructura resiliente y programas de educación en gestión de riesgos. La población más pobre del país continúa siendo la más vulnerable ante estos fenómenos, mientras las autoridades se limitan a declarar emergencias y entregar ayuda humanitaria temporal.
Respuesta insuficiente del sistema de salud
El Minsa, encargado de reportar estas cifras, también enfrenta limitaciones en su capacidad de respuesta ante emergencias climáticas. Los centros de salud en zonas rurales carecen de recursos suficientes para atender emergencias masivas, y los sistemas de evacuación médica son deficientes en las regiones más alejadas.
La atención de heridos por descargas eléctricas, traumatismos por huaicos e infecciones relacionadas con inundaciones requiere de protocolos especializados y recursos que frecuentemente no están disponibles en el momento crítico.
Este balance de 41 muertes por lluvias debe ser un llamado de atención urgente para implementar políticas de Estado que prioricen la prevención sobre la reacción. La población peruana no puede seguir pagando con vidas el costo de la improvisación gubernamental ante fenómenos climáticos predecibles y recurrentes.
