La presidenta Dina Boluarte se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta política tras la presentación de una moción de censura que la acusa directamente de nepotismo por haber colocado a familiares en cargos públicos de confianza. La medida, impulsada por sectores de oposición en el Congreso, marca un nuevo capítulo en la crisis de gobernabilidad que atraviesa el país desde diciembre de 2022.
Las acusaciones se sustentan en un informe de la fiscalía que documenta presuntas irregularidades en el nombramiento de parientes cercanos de la mandataria en posiciones estratégicas del aparato estatal. Esta práctica, prohibida por la normativa vigente sobre función pública, habría beneficiado económicamente al círculo familiar de Boluarte mientras el país enfrenta una profunda crisis económica y social.
Congreso evalúa destituición presidencial
El debate parlamentario sobre la moción de censura ha generado expectativa en diversos sectores políticos. Los promotores de la iniciativa argumentan que existe suficiente evidencia para proceder con la destitución por
"incapacidad moral permanente", figura contemplada en la Constitución peruana para casos de grave inconducta presidencial.
Sin embargo, el oficialismo ha cerrado filas en torno a Boluarte, calificando la moción como una maniobra política destinada a desestabilizar aún más el frágil equilibrio institucional. Los congresistas afines al gobierno sostienen que no existen elementos jurídicos suficientes para sustentar las acusaciones de nepotismo.
Lima se moviliza contra el gobierno
Las calles de la capital fueron escenario de multitudinarias protestas que congregaron a más de 5,000 manifestantes exigiendo la renuncia inmediata de Boluarte. Los ciudadanos, provenientes de diversos sectores sociales, corearon consignas contra lo que consideran un gobierno ilegítimo y corrupto.
Las manifestaciones se desarrollaron en un clima de tensión, con fuerte presencia policial y algunas incidencias menores. Los organizadores han anunciado que mantendrán la presión en las calles hasta lograr la salida de la presidenta, evidenciando el profundo malestar social que atraviesa amplios sectores de la población.
Informe fiscal complica panorama
El documento elaborado por la fiscalía constituye un elemento clave en el proceso político que enfrenta Boluarte. Las investigaciones habrían identificado patrones irregulares en contrataciones públicas que beneficiaron directamente a familiares de la mandataria, configurando presuntos delitos contra la administración pública.
Esta situación se suma a otras investigaciones en curso que involucran a la presidenta, incluyendo el caso de las muertes durante las protestas de diciembre de 2022 y enero de 2023. El acumulado de denuncias ha debilitado significativamente la posición política de Boluarte, quien asumió el poder tras la vacancia de Pedro Castillo.
La crisis actual refleja la profunda polarización que caracteriza la política peruana contemporánea, donde la estabilidad institucional se ve constantemente amenazada por enfrentamientos entre poderes del Estado y la persistente desconfianza ciudadana hacia sus representantes.
